Transformación Digital para el Tercer Sector

Accion Concertada y Tercer Sector tras la LCSP

4.007
 
El 17 de noviembre se aprueba el decreto del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales por entidades en la Comunitat Valenciana, que tras la recientemente aprobada la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre ,que traspone las Directivas Europeas 23-24/2014/UE y vuelve a poner de manifiesto la conveniencia de una acción concertada (concierto social) específico para el Tercer Sector.

Es lícito que la Administración dé un trato preferente al Tercer Sector como proveedor de servicios de atención en los servicios sociales

La acción concertada (concierto social) es la respuesta coherente de la sociedad y de la Administración con el sector solidario por desarrollar la fórmula de responsabilidad social (RSC o RSE) más exigente que existe: ser entidades sin ánimo de lucro.

Para entender mejor la cuestión podríamos preguntarnos ¿Por qué se producen bonificaciones fiscales a las personas físicas o jurídicas que realizan donativos o mecenazgo? La respuesta a esta pregunta nos da un indicio de por qué la Administración debe dar un trato preferente al Tercer Sector a la hora de concertar servicios.

Las Administraciones públicas hacen bien en comprometerse más con los que más se comprometen con el bien común. Los poderes públicos y su administración devuelven a las entidades de iniciativa social el compromiso que éstas han adquirido con el bien común.  En el caso de las entidades del Tercer Sector es la ausencia de ánimo de lucro y la inexistencia de reparto de beneficios en el caso de que éstos existiesen.

Clausulas Sociales y Acción Concertada (Concierto Social)

El concierto social específico para el tercer sector es el desarrollo a su máxima expresión de las clausulas de responsabildiad social que ya se introdujeron en la contratación pública por parte de la Generalitat Valenciana.

“La contratación pública no puede ser considerada como un fin en si mismo sino que debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, la contratación puede, y debe ser, una técnica que permita conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos.”

Pilar Batet Jiménez

Batet,P. (15 Noviembre, 2017).Las cláusulas sociales en la contratación pública

[Noticia Jurídica]. Recuperado de http://noticias.juridicas.com

Este tipo de medidas no son extrañas en otros ámbitos, por ejemplo algo similar sucede con los centros especiales de empleo (CEE), que tienen bonificaciones sociales, reservas de contrato y otros beneficios fiscales.

Por tanto y  en analogía con la especificidad de la regulación con el tercer sector, la LCSP 2017 contempla una situación especialmente benévola con los CEE. Así, respecto de los temas sociales, se siguen regulando los contratos reservados a centros especiales de empleo o la posibilidad de reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas de inserción.

Asimismo, la Disposición Adicional Cuarta de la nueva Ley prevé que, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas.

Singularmente, el Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido este plazo no se hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva del 7 por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley, sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece esta disposición adicional no procederá́, como regla general, la exigencia de la garantía definitiva.

Transparencia y No Discriminación en la Acción Concertada

Todo lo antedicho no quiere decir que se deba suponer una atención de calidad en las entidades del tercer sector, ni en las mercantiles, ni en las públicas. Deben implementarse sistemas de calidad que apoyados por la transparencia y la equidad permitan a los usuarios y las familias la elección de centro de atención.

Uno de los requisitos establecidos por el Consell en decreto de acción concertada en la obligación de disponer de un sistema de calidad, junto a la solvencia técnica y económica.

Celebramos por tanto la buena noticia de que la nueva LCSP 2017 incluya  la disposición adicional cuadragésima novena titulada “Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos de carácter social”. Artículo que prevé que “Lo establecido en esta Ley no obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social”.

Es u muy completo e interesante el articulo de la profesora Ximena Lazo Vitoria ,Profesora Titular interina de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá, sobre La figura del “concierto social” tras las Directivas europeas de contratación pública.. Este artículo aún siendo anterior a la publicación de la nueva LCSP 2017 explica de forma muy clara porque el concierto social específico para el Tercer Sector no es discriminatorio

El eventual peligro de incurrir en discriminación (exclusión absoluta de las entidades con ánimo de lucro) parece haberse diluido tras los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 11 de diciembre de 2014, asunto C-113/13, decisión prejudicial, caso Spezzino; y sentencia de 28 de enero de 2016, asunto C-50/14, decisión prejudicial, caso Casta) las que consideran no contrarios a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios (arts. 49 y 56 TFUE) una normativa italiana y sus actos de aplicación posterior (adjudicación directa y sin publicidad en favor de la Cruz Roja italiana de servicios de transporte sanitario) siempre que, como señala el Tribunal, la prestación de servicios contribuya realmente a una finalidad social y a la prosecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria.

Ximena Lazo Vitoria Profesora Titular interina de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá

En conclusión, sin duda la normativas autonómicas que han iniciado el concierto social restringido o preferente al tercer sector gozan de todo el amparo necesario en la ya cercana nueva Ley de Contratos del Sector Público del 2017.

Una oportunidad que se ha aprovechado por la Generalitat Valenciana para desarrollar el decreto de acción concertada, promoviendo  una economía del bien común , más solidaria y comprometida con las personas.

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

UA-109240091-1